El Departamento de Justicia y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya firman un acuerdo para que los condenados a trabajos en la comunidad los puedan cumplir en este servicio público de transporte

Los penados estarán presentes en vestíbulos y andenes de las estaciones de FGC para realizar tareas auxiliares de información y de ayuda a los usuarios

La consellera de Justicia, Montserrat Tura, y el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat, Joan Torres, firman el convenio que hará posible la colaboración entre ambas instituciones

El Departamento de Justicia y Ferrocarrils de la Generalitat han firmado hoy un acuerdo para que personas sometidas a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad puedan cumplir su condena mediante la realización de una actividad de utilidad pública en este servicio de transporte, que da servicio a pasajeros de Barcelona y otros municipios de su área metropolitana. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, y el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat, Joan Torres, han formalizado el acuerdo esta mañana con la firma del convenio, que ha tenido lugar en la sede de FGC.

El acuerdo prevé que Ferrocarrils de la Generalitat proporcionará actividades adecuadas para la ejecución de estas medidas penales alternativas, que tendrán como finalidad la reparación a la comunidad, por parte de la persona penada, de los perjuicios causados por el hecho delictivo que haya cometido .

Así pues, las actividades serán de utilidad pública e interés social, y diferentes de las propias de los empleados de FGC. En concreto, las personas que ejecutarán trabajos en beneficio de la comunidad desarrollarán tareas auxiliares de información y ayuda al usuario del transporte público, los vestíbulos, andenes y otros espacios de las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat. El Departamento de Justicia y FGC coordinarán la ejecución de estos trabajos, planificados a partir de programas individualizados, los cuales prevén el número de jornadas que se realizarán, el horario y la labor que desarrollarán los penados, siempre de acuerdo con las sus capacidades y posibilidades.

Cada una de las personas sometidas a una pena de trabajos en beneficio a la comunidad tendrá asignado un delegado de ejecución de medidas, que será quien supervise y controle el efectivo cumplimiento de la condena impuesta por el juez.

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad es una medida penal alternativa al ingreso en un centro penitenciario. Su objetivo es que la persona sometida a esta medida repare a la comunidad el daño causado por el hecho delictivo que ha cometido, a través de su colaboración de manera voluntaria con instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro.

La demanda de aplicación de esta modalidad de cumplimiento de condena ha experimentado un crecimiento exponencial a raíz de las modificaciones introducidas en el Código Penal, en materia de tráfico. Sin embargo, una de las dificultades más importante para el desarrollo de las medidas penales alternativas es encontrar entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que ofrezcan actividades que sirvan para el cumplimiento de estas medidas.

En este sentido, la red de Ferrocarriles de la Generalitat y su volumen de usuarios -80 millones de viajeros durante el último año-favorece que el servicio pueda asumir un número importante de personas penadas. La idoneidad del acuerdo también responde al hecho de que podrán ejecutar trabajos en beneficio de la comunidad personas que han cometido un delito contra la seguridad del tráfico, y que verán relacionada su pena con el servicio de transporte público. Por último, se trata de una entidad que puede asumir la realización de trabajos en beneficio a la comunidad todos los días de la semana, lo que facilita la conciliación de la vida laboral y personal del penado con la realización de la medida penal alternativa , uno de los propósitos de esta modalidad de cumplimiento de la condena.

Balance de los trabajos en beneficio de la comunidad
Sólo en la demarcación de Barcelona, el Departamento de Justicia ha recibido este año 12.446 demandas de los juzgados para que se ejecuten medidas penales alternativas a la pena de prisión. De éstas, la mayoría, 10.449 demandas, han sido condenas a trabajos en beneficio de la comunidad, mientras que dos años antes, el número de penas no llegó ni a una cuarta parte de esta cifra (2.471 demandas de trabajos en beneficio de la comunidad durante el año 2007).